Esta Ley abre la opción a personas particulares, autónomos e incluso pymes, siempre que tengan menos de 50 trabajadores y una deuda inferior a 5 millones de euros. Antes solo podían acogerse las empresas para pedir la exoneración de sus deudas. El proceso para los particulares se lleva a cabo por el Juzgado de Primera Instancia, a diferencia de las empresas que se cursa por el Juzgado de lo Mercantil.
¿Cómo funciona?
Una vez declarado el concurso, la administración concursal tendrá el control del patrimonio del deudor, y se procede a la liquidación para hacer frente a tantas deudas como sea posible.
En caso de insolvencia total del deudor, la Ley permite la cancelación de todas las deudas hasta un pequeño pago mensual que el deudor pueda asumir durante un máximo de 5 años quedando después exonerada o perdonada la deuda restante.
Además la deuda debe haberse generado antes de la declaración de concurso, y esto supone las siguientes ventajas:
Paralización de posibles ejecuciones o desahucios.
Paralización de intereses del importe, salvo en caso de garantías hipotecarias.
Reducción de la deuda en determinadas circunstancias.
Posibilidad de acogerse a la Propuesta Anticipada de Convenio, con quitas de hasta el 50% de la deuda y plazos de espera de 5 años.
Levantamiento de ejecuciones judiciales sobre viviendas y otros tipos de activos.
Suspensión de embargos con los privilegios que supone esta paralización de bienes.
Derecho a la inembargabilidad de alimentos y necesidades básicas de la familia, según las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
